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Crean grupo de trabajo interinstitucional para combatir subcontratación ilegal
El grupo de trabajo para combatir la subcontratación ilegal se encargará de realizar inspecciones, revisiones fiscales y aplicar sanciones a través de distintas dependencias de gobierno.
El Gobierno de México estima que 6 mil empresas de outsourcing o subcontratación ilegal pudieran estar afectando a trabajadores, empresas y al erario público.
Dichas empresas de subcontratación realizan simultáneamente prácticas ilegales en materia laboral, fiscal, de seguridad social y de lavado de dinero. El monto estimado de la evasión supera los 21 mil millones de pesos anuales.
Por eso, por primera vez en la historia del país, el Gobierno de México creó un grupo de trabajo para combatir la subcontratación ilegal o el outsourcing ilegal, que está integrado por distintas dependencias.
Integrantes del grupo de trabajo para combatir la subcontratación ilegal
Las dependencias que integran el grupo de trabajo para combatir la subcontratación ilegal son las siguientes:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF)
La diferencia entre el outsourcing legal y el ilegal
Este miércoles, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, los titulares de distintas dependencias hablaron sobre la creación del grupo, su funcionamiento, expusieron algunos datos y explicaron algunos conceptos relacionados con el outsourcing o subcontratación laboral ilegal.
En la conferencia, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, definió el outsourcing legal como un servicio que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa. Este esquema es regulado por los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
El outsourcing o subcontratación ilegal lo definió como el traslado de la plantilla laboral a empresas intermediarias para encubrir la relación laboral. Esto a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social. Esto afecta a los trabajadores, fomenta la competencia desleal entre empresas, y merma los ingresos públicos para el financiamiento de la Seguridad Social.
Grupo de trabajo contra la subcontratación ilegal
En la conferencia se informó que las acciones del grupo buscan proteger los derechos de los trabajadores y sus familias, además de regularizar a los patrones reales, a los que se les han vendido esquemas agresivos de subcontratación como si fueran mecanismos legales.
Acciones a realizar por el grupo de trabajo
Las acciones a realizar de manera general por el grupo de trabajo para combatir la subcontratación ilegal son las siguientes:
Inspecciones laborales a través de la STPS
Revisiones fiscales a cargo del IMSS, Infonavit y SAT
Aplicación de medidas financieras por parte de la UIF
Apoyo a la regularización de los patrones reales y sus trabajadores a cargo del IMSS, Infonavit y SAT
Generación de sanciones ejemplares y en su caso la conformación de expedientes por defraudación fiscal a través de la PFF
Primeras acciones realizadas
A partir de septiembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre, la STPS desarrolló actividades coordinadas de inspección obteniendo los siguientes resultados:
Se detectaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, que concentran a 862 mil 489 trabajadores con probable afectación en sus derechos laborales y seguridad social.
El grupo de trabajo realizará durante 2020 acciones específicas sobre estas empresas, hasta garantizar el cumplimiento de las leyes en la materia.
Adicionalmente se concluyeron por parte de la STPS, con información estratégica proporcionada por el IMSS, los primeros siete operativos especiales de inspección a grandes empresas con esquemas agresivos de subcontratación ilegal.
